...porque la Tierra está llena de
violencia, haz para ti un arca de
madera de árbol resinoso.
Génesis 6: 13,14
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Los verbos de la década: investigar, desarrollar e innovar

Siglas claves que abren futuro: CTeI/I+D

Daniel Víctor Sosa / Periodista
Colaborador permanente de El Arca. Especializado en temas económicos y articulista de Página 12, Acción y la agencia Télam.

En estos diez años, la Argentina apostó a un sólido liderazgo del sector público en materia de actividad científica y tecnológica. El 70 por ciento de esa búsqueda de saberes lo realizan universidades y el Conicet. Se ha avanzado mucho, pero las distancias con los países desarrollados aún son grandes. En esta nota, unpanorama de las realizaciones y las expectativas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) e Inversión y Desarrollo (I+D).

 

La Argentina es el primer país sudamericano con capacidad de fabricar satélites y exportarlos y brindar servicios de telecomunicación (TV digital, telefonía y banda ancha) con equipos propios, diseñados y fabricados en el país.
El comisario de Industria de la Comisión Europea, el italiano Antonio Tajani, lo repite a menudo. Es prioridad para los países de la UE fortalecer su golpeada industria, para lo cual el peso del sector debería pasar de 15,2% del producto interno bruto del área en la actualidad, hasta 20% dentro de siete años.
“Pretender competir con China, India o Brasil con productos de bajo valor agregado no es una opción. Para volver a la senda del crecimiento, Europa necesita productos de alto valor añadido, de calidad e innovadores”, insiste Tajani.
El concepto, desde luego, no es nada novedoso. En cualquier punto del planeta pueden escucharse cada día declaraciones como las formuladas por el comisario: “La innovación es una de las claves de la reindustrialización europea, junto a la formación, la investigación y el desarrollo”.

La Argentina, salvando las distancias, no se aparta de esas directrices, que postulan una nueva revolución fabril, basada en el crecimiento sostenible e inteligente. Los resultados de los últimos años en el ámbito local ilusionan a algunos analistas sobre un achicamiento de la tradicional brecha que nos separa con los países desarrollados.
Expertos como Santiago Harriague, investigador de la Comisión Nacional de la Energía Atómica (CNEA), coinciden en que el país tiene aún un largo camino por recorrer. Y destacan la necesidad de una determinación más autónoma de los programas de investigación y desarrollo (I+D).

Comparaciones

Para evitar confusiones o comparaciones inadecuadas, conviene computar tendencias y datos absolutos. El conjunto de 24 países de Europa, en principio, prevé invertir 80 mil millones de euros en I+D durante el período 2014-20, frente a 54 mil millones en el anterior plan. La Argentina, por su parte, registra un progreso constante en los últimos años. Con todo, se estima que sólo llegó a una inversión estimada en 15 mil millones de pesos (algo más de 2 mil millones de euros) en 2012.
Una vía para deprimirse rápidamente es cotejar ese monto con lo que destina, por ejemplo, el Estado alemán de Baviera –sede de multinacionales como BMW, Siemens o el gigante financiero Allianz– a investigación y desarrollo: unos 14.400 millones de euros en 2011. Esa cifra, por cierto, equivale a 3,1% del PIB bávaro, que el año pasado llegó a 465.500 millones de euros, para 12,5 millones de habitantes.

En el mundo desarrollado, aun en crisis, los avances científicos son la base de gran parte de las ganancias de las empresas.


Pero lo destacable, volviendo a estas pampas, es el fuerte salto reciente, ya que el gasto total en actividades científicas y tecnológicas se multiplicó por once desde 2002 (en valores corrientes). En términos de PIB, la Argentina ya está en 0,73%. Lo cual luce minúsculo a nivel internacional, pero resalta cuando se mira el “piso” nacional, de 0,44% del producto de diez años atrás, o el 0,5% registrado hacia fines del siglo XX.
Por todo esto, quizás lo más correcto en esta materia sería hablar de un respetable “punto de partida”, promisorio por cierto, pero no exento de desafíos que deberán ir resolviéndose a mediano y largo plazo.
En primer lugar, hay que aclarar que las mencionadas proporciones locales incluyen la totalidad de actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, perfeccionamiento, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Esto es, investigación y desarrollo más acciones de difusión en ciencia y tecnología, como, por ejemplo, formación de recursos humanos o bibliotecas especializadas.
Si se habla exclusivamente de I+D, el país alcanzó en 2011 un valor cercano a los 12 mil millones de pesos de inversión (poco, aunque el doble que en 2008).
De ese modo, se llegó a un ratio máximo histórico respecto del PIB: 0,65%. Lo cual, según Ruth Ladenheim, secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), se logró “gracias a un sólido liderazgo del sector público en materia de financiamiento de la actividad científica y tecnológica”.
A diferencia de los países desarrollados, en la Argentina los gastos en esas actividades son realizados principalmente por el Estado. Sólo una cuarta parte del total corresponde a empresas privadas (25,8%, unos 3.500 millones de pesos en 2011). Las entidades sin fines de lucro y las universidades privadas, por su parte, aportan apenas 1,7 y 1,5%, respectivamente. Menos de 420 millones de pesos.
El grueso del esfuerzo en la búsqueda de saberes lo realizan las universidades y otros organismos públicos, y el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), que explican más del 70% de la inversión en la búsqueda de nuevos saberes.

Claves

Para la secretaria Ruth Ladenheim, la clave de una política sostenida de fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas e innovativas radica en las inversiones, pero principalmente en la formación de profesionales. Esto es, “la promoción de recursos humanos, el apoyo a la capacitación de posgrado, la mejora en las condiciones de trabajo de los investigadores y las estrategias de repatriación de científicos”. Todo esto, dice la funcionaria, contribuyó a consolidar una base que ronda las 100 mil personas dedicadas en el país a tareas de I+D.
De ese contingente, casi la mitad corresponde a investigadores y becarios de las áreas de investigación y desarrollo, altamente calificados y que poseen una dedicación exclusiva a la actividad. “Frente al stock de personal del año 2008, puede notarse que se incorporó al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología un nuevo investigador/becario de I+D cada cinco ya existentes”, se entusiasma Ladenheim.
La creciente incorporación de recursos humanos calificados hizo que ya se alcanzara un ratio de 3 investigadores de jornada completa por cada millar de integrantes de la población económicamente activa. Ese resultado, reconoce el MINCyT, “aún está lejos de los valores que alcanzan países con niveles de desarrollo más elevados (4,2 en Italia; 5,8 en España; 7,8 en Alemania; 9,1 en Estados Unidos; y 10 en Japón), pero posiciona a la Argentina, para 2011, en el primer lugar entre los países de Latinoamérica”.
En el Ministerio admiten que el fuerte aumento en la inversión es sólo una condición necesaria, pero no suficiente, para el desarrollo productivo de un país con adecuados niveles de inclusión social. También se requiere una “orientación estratégica” de las demandas, así como establecer prioridades, junto con diversos actores sociales.
Resultan necesarios, además, una estructura acorde a las metas fijadas, que sean facilitadoras de la creación, aplicación e innovación en materia de conocimiento. Y especialmente, como se dijo, una masa crítica de recursos humanos de excelencia, acompañados por una política que asegure la formación continua.
Todo muy parecido a lo que sostiene el comisario europeo: “Los sistemas de educación y formación deberían ser más cercanos a las necesidades y requisitos de las empresas. Para fomentar la innovación industrial no basta con gastar más dinero en la investigación, es necesario centrar nuestros esfuerzos en la investigación aplicada”.
Florencia Kohon y Silvina Mochi, ambas funcionarias de la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (del MINCyT), ven en este terreno algunos puntos a favor de la Argentina. “La reconstitución del tejido industrial verificada en estos últimos años, sumada al manejo de un mayor presupuesto –señalan–, ha configurado la necesidad de orientar una porción de los recursos hacia sectores productivos estratégicos y líneas de formación de recursos humanos altamente calificados en áreas específicas y en gestión de la innovación”.

"La promoción de recursos humanos permitió alcanzar un ratio de tres investigadores de jornada completa por millar de población activa."
(Ruth Ladenheim)


Ése es el rumbo a seguir. Resulta ya un tópico indiscutido que la capacidad para dar respuesta a problemas sectoriales y sociales prioritarios –y contribuir a incrementar en forma sostenible la competitividad del sector productivo– depende del desarrollo de un patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.

Brechas

¿Qué hace falta para que la Argentina reduzca distancias con los países desarrollados, en estas materias? Algunos creen que el país debería tener una mayor apertura al capital externo, dada la evidente posesión de conocimientos que acumulan. El investigador Harriague, de la Comisión de Energía Atómica, cree sin embargo que “los derrames tecnológicos originados en las filiales de empresas transnacionales son sumamente limitados”.
Esas compañías, evalúa el experto, “realizan pocas actividades de I+D e innovativas, y se limitan a procesos de adaptación en algunos casos”. Además, “sus vinculaciones con empresas, universidades e institutos científico-técnicos locales son muy limitadas y, cuando existen, son de baja intensidad”.
En rigor, la movilidad de personal especializado se da mayoritariamente desde empresas locales hacia las filiales de las transnacionales, y no en sentido inverso. Aunque el programa Raíces (con casi un millar de científicos repatriados) contribuye a morigerar esa sangría, el derrame de capacidades incorporadas en trabajadores es fundamentalmente desde el Sur hacia el Norte.
Por otra parte, constata Harriague, “la deslocalización de actividades de investigación y desarrollo de esos grupos ocurre fundamentalmente hacia otros países industrializados y hacia las economías asiáticas emergentes. El fenómeno es marginal hacia América latina, e inexistente en la Argentina, si bien se registran casos en México y en Brasil”.
Lo cierto es que son minoritarias las filiales locales de empresas multinacionales con sectores de I+D. Y en esos casos, por lo general realizan tareas adaptativas de las creaciones e inventos que traen de sus casas matrices, ya que prevalecen las innovaciones de tipo incorporado (compra de bienes de capital y software).
Mientras el aporte externo a las firmas argentinas es limitado, en el mundo desarrollado, aún en crisis, los cambios tecnológicos y los avances científicos constituyen la base de gran parte de las ganancias de competitividad de las empresas. De allí que la opción abierta para países como la Argentina (¿la única?) es apoyarse en las fuerzas propias y generar autonomía en la determinación de los programas de investigación y desarrollo.
Es decir, resume el MINCyT, apostar a actividades que puedan acercar la frontera del conocimiento y de las mejores prácticas productivas, y crear así las condiciones de posibilidad de sociedades más integradas y equitativas.
Mochi y Kohon, especialistas de la cartera, reafirman en ese sentido la necesidad de “continuar trabajando en la delimitación de prioridades en la planificación”. Y destacan a la vez la necesidad de “profundizar la coordinación entre las diferentes instituciones del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Lo cual implicará afrontar desafíos en términos de financiamiento (tanto para el sector público como para el privado), con miras a un sector productivo que incorpore un mayor desarrollo tecnológico nacional.

Respaldos

Por lo pronto, la inversión local en actividades científicas y tecnológicas, medidas a valores constantes, creció 13% anual en 2008-11 (más de 44% acumulado). Pero el financiamiento a la incorporación de innovaciones por parte de las empresas sigue encontrando “diversos tipos de obstáculos que impiden el acceso a canales tradicionales”, evaluó en un reciente análisis la economista Cecilia Fernández Bugna, directora del Banco de la Nación Argentina y docente de la UBA y la Universidad de Quilmes.
Dadas esas “limitaciones del mercado”, dice la experta, el Estado respondió por medio del respaldo crediticio directo e indirecto. “Aunque cabe preguntarse –advirtió Fernández Burgna– si no sería necesario aumentar los estímulos para que el financiamiento privado complemente la asistencia del sector público.”
Del mismo modo, aconseja que las iniciativas públicas destinadas a fomentar la innovación tengan una mayor articulación con las políticas industriales y sectoriales, de modo de generar impactos sistémicos. “Es justamente en este punto donde se diferencia y destaca la experiencia brasileña junto con la existencia de grandes proyectos estructurantes, como Petrobras y Embraer”, advierte la analista.

Ministro Barañao: CTI, progreso constante en los últimos años. Secretaria Ladenheim: inversiones
y formación de profesionales.
Antonio Tajani (CE): apostar al valor añadido, a la calidad y a la innovación.

 


Otra recomendación es desarrollar el capital de riesgo, lo cual requeriría un marco legal que facilite la protección de innovaciones e impulse la entrada de inversores institucionales. Una vía para atenuar el alto riesgo implícito en estas inversiones sería la creación de fondos de garantías para inversiones en capital de riesgo, como se hizo, por caso, en Francia.
De momento, uno de los instrumentos públicos más promisorios es el de los Fondos Sectoriales en Alta Tecnología, a través de los cuales por primera vez se asignaron recursos a consorcios público-privados, sobre la base de lineamientos pautados por el MINCyT.
Lanzados en 2010, y con un plazo de ejecución no mayor a cuatro años, esos proyectos de investigación y desarrollo –conformados por una o más instituciones públicas y una o más empresas– ya suman una treintena, centrados en las áreas de: nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Justamente, rubros que figuran también en la lista del comisario europeo Tajani, junto a actividades más avanzadas, como fotónica y tecnología aeroespacial. En este último rubro, aparentemente tan ajeno a nuestras posibilidades, también existen progresos locales, orientados a la independencia tecnológica y de la información.
Para profundizar tales conocimientos, a fines de septiembre se inauguró en Bariloche el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (Ceatsa) de las empresas estatales Ar-Sat e Invap. Allí fue presentado el plan integral “Argentina Espacial”, con la finalización del satélite Ar-Sat 1, ya listo para ser sometido a pruebas en el nuevo banco de ensayos; el Ar-Sat 2, ya ensamblado; y el Ar-Sat 3, en etapa de elaboración.
La Argentina es hoy el primer país sudamericano con capacidad de fabricar satélites y exportarlos, lo cual le permite brindar servicios de telecomunicaciones (televisión digital, telefonía y banda ancha) con equipos propios, diseñados y fabricados en el país. Y se realizarán a la vez ensayos ambientales para las industrias satelital, aeronáutica, electrónica, de comunicaciones, automotriz, de defensa, de agroindustria, de energía (hidrocarburos, molinos de viento, turbinas, etc.) y de bienes de capital en general.

Nanotecnología

La apuesta específica del país a la nanotecnología alude a la capacidad técnica para modificar y manipular la materia, con posibilidades de fabricar materiales y productos a partir del reordenamiento de átomos y moléculas. Y a partir de allí, desarrollar estructuras o dispositivos funcionales a las dimensiones nano (prefijo del Sistema Internacional de Unidades para expresar una milmillonésima parte de algo).
Según el MINCyT, la Argentina se encuentra bien posicionada ante este nuevo paradigma productivo, respaldado por el Estado nacional desde la primera convocatoria de proyectos, en el año 2003. Dos años después fueron aprobadas cuatro redes en nanociencia y nanotecnología, que reunieron a unos 250 científicos y que recibieron financiamiento a partir de 2007.
En 2005, en tanto, se había creado la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), orientada a fomentar su potencial innovador a través de la financiación de proyectos de empresas o instituciones que culminen en productos tecnológicos o patentes.
La convocatoria de los Fondos Sectoriales de 2010 ofreció subsidios de hasta 30,4 millones de pesos por proyecto. Los fondos de la contraparte debían ser iguales o mayores al 20% del costo total del emprendimiento.
Así, en el rubro nanotecnológico se aprobaron ocho proyectos con un aporte estatal de 72 millones de pesos y algo más de 35 millones por parte de los Consorcios Asociativos Público-Privados. La pronta concreción de esas primeras iniciativas permite relevar su impacto en distintos sectores. Por ejemplo, en el desarrollo de textiles funcionales, repelentes de insectos vectores de enfermedades, como el Aedes aegypti (portador del virus del dengue).
Sobre la base de los resultados logrados podrán diseñarse distintos productos según las características de los textiles obtenidos: descartables, que no requieran lavados y cuya repelencia a mosquitos tenga una durabilidad de al menos 30 días; y no descartables, con posibilidad de ser recargados con el agente funcional repelente para prolongar la vida útil del producto.
El consorcio estima captar el 3% de los mercados mayoristas de ropa infantil y de trabajo, y el 1% de los de indumentaria informal y deportiva. Los principales usuarios del producto final serían, en un comienzo, el sector industrial y entidades públicas vinculadas a la salud, y se prevé además atender demanda del exterior.

Enfermedades

Otro proyecto apunta al desarrollo de una plataforma tecnológica para la detección de enfermedades de importancia en seres humanos y animales (Chagas y brucelosis) e insumirá 21,5 millones de pesos, de los cuales 13 millones como subsidio público.
Entre las oportunidades más destacadas para la introducción de biosensores se encuentra el segmento Point-of-Care (POC), sistemas de análisis diseñados especialmente para ser utilizados al lado del paciente, lo que permite obtener resultados en forma inmediata. En el caso de los glucómetros y los tests de embarazo, el liderazgo de los biosensores ya se produce de manera efectiva.
Los equipos de electromedicina finales van a poder competir internacionalmente, dada su capacidad para agregar competitividad al sector. Luego, por fuera del consorcio, una de las potenciales líneas de colaboración es el desarrollo de un método de detección de leptospirosis más rápido que el que se encuentra disponible actualmente en el mercado. Los sectores de destino de los detectores serían: el primario (tambos y frigoríficos) y, potencialmente, el veterinario comercial.
En el caso de la detección de brucelosis, se considera como potenciales demandantes a unas 3.300 de las 22.400 explotaciones agropecuarias hoy existentes con grandes volúmenes de ganado bovino. Del mismo modo, se calcula captar inicialmente unos 300 de los más de 2 mil centros de zoonosis y bienestar animal municipales que hay en el país.
En el Estado, en tanto, los biosensores se utilizarían para la detección de enfermedades huérfanas. En función de las políticas estratégicas en salud pública nacional, y dada la importancia que tendrían las plataformas de diagnóstico POC, se prevé incorporar este dispositivo en el 30% de los centros de asistencia primaria de la salud del país (casi 1.900 en una primera instancia).
Por otra parte, el cluster nanotecnológico de diseño, caracterización y obtención de nanomateriales y superficies funcionales demandó una inversión de 13,6 millones de pesos, de los cuales 9,7 millones corresponden al subsidio aprobado.
La plataforma trabaja en superficies con nanotecnología incorporada, aplicadas a una vasta gama de productos finales. En particular, el proyecto se concentra en desarrollos a partir de aluminio anodizado y bladders auto-desmoldantes.

A un año de su nacimiento, la vaca Rosita se convirtió en el primer bovino doble transgénico en el mundo que produce "leche maternizada". Granos que soportan sequías. En la Universidad Nacional del Litoral lograron modificar un gen de las semillas de girasol, trigo, soja y maíz. Por primera vez se logró un embarazo con técnicas de fertilización asistida de alta complejidad, en una paciente trasplantada cardíaca en el Cemic.


El primer caso implica recubrimientos inteligentes para conferir propiedades únicas como antibacterianas, color, hidrofobicidad, etc. La empresa asociada, que hoy ofrece productos y aditivos para tratamiento de superficies de aluminio y posee alrededor de 30% del mercado de anodizados, se estima que podría llegar a 60%.
Por otro lado, las superficies anti-adherentes autodesmoldantes son de uso en la industria del caucho y serán fabricadas por otra compañía.
Los bladders se utilizan en el proceso de fabricación y vulcanización de neumáticos, procedimiento que da a la rueda su forma final. La innovación apunta a resolver el 80% de las fallas atribuibles a los agentes desmoldantes, que desembocan en neumáticos de descarte. Debe considerarse que se producen en el país más de 12 millones de neumáticos cada año.
Como desarrollos posteriores (aún falta desarrollar el mercado) figuran los imanes de aluminio, hoy inexistentes en el país, que permitirían fabricar motores mucho más livianos y, por lo tanto, más sustentables energéticamente.
Una aplicación potencial es la transformación de aberturas de aluminio en celdas solares, lo que implicaría un aprovechamiento energético de la infraestructura edilicia.
Otro desafío público-privado es el desarrollo de nanoarcillas a partir de bentonitas de origen argentino (de la Patagonia), para su posterior uso en la creación de nuevos materiales poliméricos y en remediación ambiental, un proyecto de casi 9 millones de pesos, subsidiado en 6,6 millones.
Las aplicaciones tecnológicas obtenidas tienen previsto insertarse en el sector automotor, industrias eléctrica y minera, galvanoplastia y agricultura, entre otros. En las fábricas automotrices, por ejemplo, las principales terminales buscan desarrollar compuestos de polipropileno cargados con nanoarcillas.
Autopartes más livianas permitirían aumentar de 12 a 20% el componente de plástico en los vehículos (actualmente, unos 30 kilos por unidad), lo cual implicaría un menor peso y más bajo consumo de energía.
En el agro, en tanto, el objetivo del consorcio es desarrollar y ofrecer una tecnología que contribuya al proceso de descontaminación de aguas utilizadas en el cultivo de peras y manzanas, para complementar el ciclo ecológico. De igual modo, en el mercado minero se busca tratar aguas contaminadas con níquel, arsénico, cobre, uranio y efluentes con acidez.
Las expectativas indican que las nanoarcillas van a sustituir importaciones y a competir internacionalmente, debido a que se estima que su precio de producción nacional será muy accesible.
En definitiva, investigar, desarrollar, innovar: verbos que se pueden conjugar en la Argentina. A condición de que se sostenga el circuito de inversiones públicas y privadas, en un escenario de laboratorios bien equipados y con investigadores de alto nivel, empresas que adopten los adelantos y beneficios socializados.