...porque la Tierra está llena de
violencia, haz para ti un arca de
madera de árbol resinoso.
Génesis 6: 13,14
El Arca del Nuevo Siglo / Una publicación de La Caja de Ahorro y Seguro S.A.
 


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Técnica social y política jurídica

 

Delitos de lesa humanidad

 

 

La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde se determina que los delitos de lesa umanidad no prescriben, permiten al autor una interesante reflexión jurídico-política que penetra en los años 70 y en aquel tenebroso escenario latinoamericano.


Horacio Walter Bauer / Abogado.
Del Consejo de Editorial de El Arca

Histórico fallo de la Corte: los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Un grupo organizado en otro Estado llegó al nuestro con el propósito de eliminar disidentes del gobierno de aquél. La seriedad del propósito quedó evidenciada por el asesinato en Buenos Aires del general chileno Carlos Santiago Prats Cardona y de su cónyuge Sofía Esther Cuthbert Chiarleoni, eliminados con el uso de poderoso material explosivo. Eran tiempos en que la cúpula militar de nuestro país actuaba en sintonía con la de Chile, presidida por el general Augusto Pinochet.
Enrique Lautaro Arancibia Clavel era uno de los integrantes –aproximadamente 10– de la asociación criminal que se conocía como “Dina Exterior”. En 1978 fue detenido por una causa diferente a la del homicidio del general Prats pero a posteriori también se le imputó responsabilidad por esa muerte ominosa, resultando condenado por el Tribunal Oral Federal a la pena de reclusión perpetua y accesorias por considerarlo partícipe necesario del homicidio agravado por el uso de explosivos y por el concurso de dos o más personas, del matrimonio Prats-Cuthbert y como autor de la conducta consistente en pertenecer a una asociación ilícita con una organización de tipo militar en la que participaban oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas chilenas, disponiendo de armas de guerra y explosivos y recibiendo apoyo de funcionarios públicos.
La defensa del condenado recurrió a la Cámara de Casación Penal, con el objeto de dejar sin efecto la sentencia en cuanto al delito de asociación ilícita aduciendo que había dejado de pertenecer a dicha asociación en el mismo momento en que fue detenido (año 1978) y que por lo tanto había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el Código Penal. El recurso resultó exitoso y la sala 1ª de Casación Penal revocó parcialmente la sentencia. Contra ese pronunciamiento recurrió el Estado de Chile en su carácter de querellante, siendo denegado el recurso, lo que determinó la queja ante la Corte Suprema de Justicia que entró a considerar el asunto, previo dictamen del Procurador General que consideró correcto el fallo de la Casación.
El 24 de agosto de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió su fallo, revocando –por mayoría– lo decidido por la Casación. La Corte determinó que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

¿Cuáles son esos delitos? Son los que hieren u ofenden (laesum) al hombre, en particular “ la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional” (Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma).
La asociación ilícita imputada a Arancibia Clavel estaba prescripta si se ponderaba lisa y llanamente el Código Penal argentino. Sin embargo, cabía analizar si la asociación ilícita era un delito de lesa humanidad y la mayoría (ministros Zaffaroni, Highton de Nolasco, Petracchi, Boggiano, Maqueda) entendió que sí. Partiendo del plexo normativo internacional que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos.
Ahora bien, la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” adquirió para la Argentina jerarquía constitucional por ley 25778, que vio la luz con posterioridad a los hechos de la causa. Ergo, correspondía examinar la cuestión relativa a si la regla que establece la imprescriptibilidad de la imputación por el delito de asociación ilícita se aplicaría al caso o si ello lesionaría el principio “nulla poenna sine lege” (no corresponde pena si una ley anterior al hecho así no lo determina).
La mayoría interpretó que la “Convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad” ha representado únicamente la cristalización de principios ya vigentes para nuestro Estado nacional como parte de la comunidad internacional. Por lo que los hechos por los cuales se condenó a Arancibia Clavel ya eran imprescriptibles para el derecho internacional al momento de cometerse, con lo cual no se da una aplicación retroactiva de la Convención, sino que ésta ya era la regla por costumbre internacional vigente. Por lo menos desde la década del ’60.
El ministro Boggiano en su erudito fallo, indicó que todo el derecho está en movimiento y lo que era antes reconocido como derecho internacional consuetudinario viene ahora configurándose como derecho convencional de fijación y reconocimiento en una gran cantidad de instrumentos internacionales. En cuanto a la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes…” interpretó que tiene jerarquía constitucional. Ese tratado se aplica tal como rige en el derecho internacional y no porque se lo haya incorporado haciéndolo interno. Para el mismo ministro, el principio de no retroactividad de la ley penal ha sido relativo. Este rige cuando la ley posterior es más rigurosa pero no si es más benigna. Entre el principio de irretroactividad que favorecía al autor del delito contra el derecho de gentes (ius gentium) y el principo de retroactividad aparente de los textos convencionales sobre imprescriptibilidad, debe prevalecer este último que tutela normas imperativas tan evidentes que jamás pudieron oscurecer la conciencia jurídica de la humanidad. Las normas consuetudinarias que castigan el delito de lesa humanidad han estado vigentes desde tiempo inmemorial. No es éste un criterio absolutamente novedoso puesto que en la CSJN ya se había fallado similarmente en el “Caso Priebke” (318-2148).

Jurista Hans Kelsen (1881-1973). General Augusto Pinochet (1915). General Carlos Prats (1915-1974).

La minoría del tribunal (ministros Belluscio –en voto que acopia numerosos antecedentes de tratados y doctrina–, Fayt y Vázquez) consideró en cambio que la prescripción del delito de asociación ilícita se había operado puesto que la Convención a la que adhirió la Argentina era de fecha posterior a la de los hechos incriminados.
La sentencia del máximo tribunal nos demuestra una vez más que el derecho no es una técnica social que cierre las puertas a una sola interpretación. Por el contrario, como enseñó Hans Kelsen, es un marco abierto a distintas posibilidades. De allí que no haya sido extraño que la mayoría del tribunal optara por un camino diverso del de la minoría.
¿Quién tiene razón? Echando mano a lenguajes metajurídicos puede dársela a cualquiera, pero como estamos en el campo del derecho es evidente que éste es el que se define como tal. No hay otra posibilidad.
El derecho también es un problema de lectura. Reparemos en el fallo que nos ocupa: un ministro (v.gr. Boggiano, mayoría) lee para su voto una regla jurídica basada en la costumbre internacional (imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad) mientras otro (v.gr. Belluscio, minoría) ignora aquella regla leída por su colega.
En otro orden y volviendo a Kelsen para quien –considerado en cuanto a su fin– el derecho aparece como un método específico que permite inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada, es evidente que los potenciales dictadores con ganas de poner al ser humano a sus pies, tendrán en cuenta la orientación de fallos como el que nos ocupa, porque aunque designen ministros cortesanos a su medida, como sucede cada vez que un golpe militar derriba a un gobierno surgido de compulsa electoral, más tarde o más temprano las prácticas de lesa humanidad podrán ser juzgadas sin condescendencia.
“Un comentario científico debe limitarse a indicar las interpretaciones posibles de una norma. No puede decidir cuál de ellas es la única correcta o justa. Esta decisión es un acto de voluntad que incumbe exclusivamente al órgano que tiene la competencia de aplicar la norma creando una nueva” (Kelsen, Teoría Pura de Derecho V. 5, Eudeba, 3ra. Edic.)